CANCÚN, MX.- Carece de todo sustento legal el amparo interpuesto por el Observatorio Legislativo en contra del nombramiento del Auditor Superior del Estado, afirmó el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, quien opinó que se trata de una “postura política”.

El diputado señaló que existe un desconocimiento de la ley, ya que la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado es soberanía del Poder Legislativo y más parece una postura política, respetable, pero sin sustento legal.

Afirmó que el 90% de quienes se inscribieron tenían gran capacidad, pero como en los concursos, sólo uno puede quedar, lo que debe entender el integrante del Observatorio que participó y quedó fuera de la terna.

“Legalmente, la decisión es sólida y es soberanía del Congreso”, recalcó.

Martínez Arcila señaló que la Legislatura tiene varias reformas pendientes, pero lo electoral ya está concluido y sólo monitorearán si se da alguna impugnación, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Eso significa que los lineamientos para la reelección quedan en manos de las autoridades electorales, ya sea la estatal o nacional.

“Las reglas de la reelección quedaron sobre un acuerdo del INE, que fue revocado” detalló, por tanto, quedará en manos el Ieqroo o del propio INE volver a normar esta materia.

“Ya no nos meteremos en ello”, aclaró.

El diputado panista dijo saber de la intención del Ieqroo de solicitar un aumento a su presupuesto, lo que tendrá que justificar, en vista de que muchas de sus atribuciones ahora fueron asumidas por el INE.

PENDIENTES

De los temas a ser desahogados, señaló que en los próximos días modificarán la ley orgánica del congreso para establecer la caducidad legislativa, que ya existe a nivel constitucional, además de incluir la capacidad de los ciudadanos de presentar iniciativas de ley.

En las próximas semanas, el Ejecutivo ingresará la Ley General de Asentamientos Humanos, donde se está “sobre los tiempos”. Esta iniciativa ha sido trabajada en conjunto por la Comisión de Desarrollo Urbano, que preside Juan Carlos Pereyra.

Una vez que se aprobada, en noviembre o diciembre, se contarán con normas que deberán seguir todos los Planes de Desarrollo Urbano del estado.

Por último, antes de febrero del próximo año debe armonizarse la Reforma Laboral, que implica la extinción de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Actualmente se ha iniciado del análisis del marco jurídico, para realizar los cambios necesarios a la Constitución estatal, como primer paso.

Los diputados locales deberán aguardar a que el Congreso de la Unión determine si se establecerá un Código Laboral único, o si cada estado contará con el suyo.

Haciendo un balance, Martínez Arcila detalló que sólo cinco iniciativas ingresadas faltan por ser presentadas y turnadas a comisiones. En total se han dictaminado 133 legislaciones y 70 están pendientes. (Noticaribe)