Por Emilio Estrada
El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, está de nuevo en el centro de la polémica, pero esta vez se reivindica después de que la banda del rumano Florian Tudor, “El Tiburón”, y sus cómplices en medios de comunicación e instituciones, como la FGR, fueron descubiertos a nivel internacional como una red dedicada a fraudes bancarios, skimming, lavado de dinero, intimidación, soborno y contrabando de personas.
Una investigación de OCCRP, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento Lab, destapó las operaciones de la banda de la Riviera Maya encabezada por “El Tiburón”, quien usó campañas en medios de comunicación y su cercanía con personas en el poder para protegerse y, como estrategia, desprestigiar a
la Policía de Quintana Roo que intervino en cateos a la mafia rumana.
La respuesta por parte de este grupo criminal contra el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, fue agresiva y como estrategia se valió de campañas de desprestigio en medios de comunicación y citatorios para que compareciera en el Ministerio Público Federal, donde el mismo Florian Tudor denunció por corrupción al jefe policiaco.
El proceso a Capella puede decirse que fue bastante expedito. Ingresada la denuncia a la FGR se le notificó de inmediato al presidente de la República, fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se le citó para comparecer y rendir testimonio sobre el trabajo que realizó como titular de Seguridad Pública y del Mando Único, incluyendo detalles sobre las reuniones que sostuvo de octubre de 2018 a mayo de 2019, además de copias certificadas sobre la acción policiaca que se ejerció contra Florian Tudor, así como los nombres de los agentes que participaron en los operativos realizados.
Varios medios de comunicación se dieron vuelo entonces publicando la noticia, además de los desplegados pagados por la banda de rumanos, mientras en las redes algunas cuentas viralizaban una campaña de desprestigio contra el funcionario estatal.
Ahora, con la extensa investigación periodística que abarca a 14 países donde ha operado esta banda, quedó al descubierto el gran poder económico del grupo criminal para sobornar a empleados, directivos y funcionarios de medios, corporativos e instituciones, cómplices que deberán ser investigados y llamados, como lo fue Capella, a comparecer ante la justicia.
