Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- La recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo por la actuación del personal del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, que derivó en una disculpa pública, puso en evidencia irregularidades solapadas en el Tribunal Superior de Justicia.
Este lunes, el Poder Judicial ofreció una disculpa pública a Kheren Juárez Guardado y a su hija menor de edad, K.S.L.J , en cumplimiento a la recomendación CDHEQROO/01/2020/I , por la violación a los protocolos y al derecho humano de la niñez cometido por el director del Centro de Convivencia, Mario Enrique Herrera Carrasco; la trabajadora social, Karla Jazmín Domínguez Rosel, la psicóloga Hilda María Cámara Góngora y el actuario Víctor Alfonso Escalante Hernández.
En su intervención, Juárez Guardado hizo un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León Ruiz, a que conmine a los servidores público del centro de convivencia a que ciñan su actuar en el marco de la legalidad, ética e integridad para que este espacio cumpla con su misión social.
“Además con las actuaciones arbitrarias que cometió este grupo de servidores públicos contra mi hija, mi familia y contra mí, se viene abajo todo el esfuerzo y trabajo que realizan las personas que integran esta institución para que los ciudadanos tengamos la confianza en ella”, afirmó.
Consideró que fueron tres años de impunidad y que, a pesar que se quejó ante todas las instancias del Poder Judicial del Estado no fue escuchada y, por el contrario fue objeto de represalias.
La disculpa pública que se ofreció, con la ausencia de los titulares de Derechos Humanos y del Tribunal Superior de Justicia, derivó de una queja interpuesta el 12 de noviembre de 2019 por la actuación irregular de los funcionarios del Centro de Convivencia Familiar Supervisada que inició desde el 2017.
Juárez Guardado hizo la observación que la disculpa pública se debió ofrecer desde marzo y que apenas se le está dando cumplimiento “y pone en evidencia el penoso camino que deben recorrer las mujeres que tienen la calidad de víctima. Si bien, la disculpa pública es un reconocimiento formal de que se cometieron violaciones a los derechos humanos y causó grave daños por parte de Herrera Carrasco”.
Indicó que en estos momentos también enfrenta una denuncia por desobediencia a la autoridad ante la Fiscalía General del Estado por no pagar multas aplicadas en su contra por reportes sesgados presentados por los funcionarios del Centro de Convivencia Familiar Supervisada.
Además, enfrenta cargos por desacato, según denuncia que interpuso el Tribunal Superior de Justicia.
Mario Enrique Herrera Carrasco, en su calidad del director del Centro de Convivencia Familiar Supervisada reconoció que los actos y omisiones, derivados de ineficiencia de sus acciones operativas, lastimaron los derechos de la menor de edad, hoy víctima al vulnerarse el derecho humano a la seguridad jurídica de Kheren Juárez Guardado “por la inadecuada prestación de servicios y maltrato por parte de personal del Centro, la negativa de atención médica, psicología y trabajo social”.
Confirmó que no se actuó conforme a los procedimientos administrativos, los protocolos, lineamientos con un enfoque de derechos humanos.
Reconoció que se vulneró los derechos humanos por no contar con personal médico, de psicológica y trabajo social en la fecha que se presentó los actos violatorios de derechos humanos “y aceptó mi responsabilidad y de las personas a mi cargo”. (Noticaribe)
