Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- Con mayoría de votos, en el Congreso del Estado fueron aprobadas las reformas de leyes que permitirán prevenir, investigar y sancionar los casos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes en Yucatán.
Después de que se registrara el caso de presunta tortura que llevó a la muerte al joven veracruzano José Eduardo en Mérida, el legislador Gaspar Quintal Parra propuso reformas de leyes para ampliar los esquemas de las funciones públicas que deben dar seguimiento a estos casos.
Como parte de la aprobación a dichas propuestas, será posible fortalecer las atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, así como garantizar la reparación integral a las víctimas de tortura.
Además, será incluido un apartado de casos de tortura en el Programa Especial de Atención a Víctimas y se ampliarán las atribuciones del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) para implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los delitos de este tipo.
Quintal Parra también aseguró que se adicionarán facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para que puedan acceder en forma inmediata a lugares en donde se encuentren personas privadas de la libertad, sobre todo para supervisar y evitar acciones de violación a derechos humanos.
Con estas reformas de leyes, también las personas podrán tener acceso al apoyo de peritos oficiales o independientes acreditados en la especialidad médica y psicológica, con perspectiva de derechos humanos y experiencia en casos de tortura, bajo los estándares previstos en el Protocolo de Estambul.
Asimismo, esta aprobación que ha hecho el Congreso del Estado propiciará que se cree la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes en la Fiscalía General del Estado.
“Con las presentes reformas se concreta un gran avance para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cual es imprescindible en este momento histórico, de acuerdo a las exigencias de los tribunales internacionales y de la nación mexicana”, aseguró el legislador.
A pesar de que refirió que Yucatán es un estado seguro sí se han suscitado casos que propician la generación de leyes que protejan los derechos humanos de las personas.“Exigimos toda la fuerza del estado a quienes realizan actos delictivos que amenazan nuestra seguridad; y de igual manera, con el mismo énfasis, exigimos el respeto a los derechos de los ciudadanos que cumplen con la ley y todos los días trabajan por sacar adelante a sus familias; lo primero no justifica la ausencia de lo segundo”, mencionó.
El legislador yucateco expuso que el caso de José Eduardo culminó en una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Mérida, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por violaciones graves a los derechos humanos ante la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura en contra del joven y, presumiblemente, tuvo como consecuencia su fallecimiento.
Precisamente para que no se presenten más casos de este tipo, celebró que se hayan aprobado estas reformas. (Noticaribe)
