MÉRIDA, MX.-Después de exigir de manera pública al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal que instruyera la publicación de la ley que prohíbe las terapias de conversión en el Diario Oficial del Estado, ya es oficial, pues ya entró en vigor.
A partir de hoy la reforma al Código Penal en materia de pseudo-terapias de conversión ya entró en vigor, por lo tanto quienes hagan este tipo de terapias dirigidas a la comunidad de personas LGBTQ+ en Yucatán, estarán cometiendo un delito porque ahora es considerada como una violencia y violación a sus derechos humanos.
Integrantes de diversos colectivos recordaron que ya tiene dos años que después de una demanda de amparo interpuesta por organizaciones de la sociedad civil se catalogó como delito realizar este tipo de terapias.
Así, después de mucha exigencia a través del decreto 667/2023 finalmente entró en vigor la reforma que fue aprobada por el Congreso de Yucatán desde el 25 de agosto de 2021.
Estas terapias que se prohibieron también son llamadas ECOSIG (esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género).
Con esta publicación, ya pueden ser denunciadas dichas violencias contra las personas LGBTQ+ y quienes las infrinjan en Yucatán.
Como parte de la presión ejercida para que esto fuera posible, integrantes de Kanan Derechos Humanos y el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (ColectivoPTFYuc) presentaron una demanda de amparo en contra del gobernador de Yucatán para exigirle que promulgara y publicara la reforma en cuestión que el Congreso de Yucatán aprobó desde el 25 de Agosto de 2021.
“Si bien dicha promulgación era el deber constitucional del gobernador, para que estas prácticas -que pueden compararse a la tortura psicológica en contra de personas LGBTQ+- sean verdaderamente erradicadas, el Gobierno de Yucatán tiene mucho por delante desde el ámbito de la prevención y atención de víctimas, lo cual puede y debe cubrirse en los programas sociales y politicas publicas”, recordaron como un pendiente.
Recordaron también que como parte de una demanda de amparo, ahora el Gobierno y el Congreso del Estado están obligados a integrar en la Ley de Egresos de 2023 un presupuesto para atender las demandas de la comunidad de la diversidad sexual. (Noticaribe) (Por Itzel Chan)
