Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX. – Aunque medios de comunicación fueron sancionados por Violencia Polìtica contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG) e inscritos en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Rubi Pacheco Pérez, reconoció que no hay mayor impacto legal que el moral “para que la sociedad sepa que esos medios son violentadores”.
Aunque las personas sancionadas e inscritas en dicho registro no pueden aspirar a ser candidatos u ocupar un cargo público dijo que en el caso de los medios de comunicación no hay mayor repercusión que la sanción moral y pueden segur teniendo contratos de publicidad como entes privados.
En estos momentos, la línea entre libertad de expresión es muy delgada por lo que es importante que se verifiquen las fuentes y cambiar de lenguaje para evitar caer en agresiones y violencia en razón de género, señaló.
Confirmó que hay quejas contra plataformas digitales “porque alguien desde el anonimato puede incurrir en este tipo de agresiones. Aunque la Unidad de Inteligencia Cibernética puede identificar a quienes disfrazan su identidad!.
Pacheco Pérez reiteró, sin embargo, que la inscripción del nombre de un medio de comunicación en el Registro Nacional y Estatal de Personas sancionadas por VPMRG no le impide seguir trabajando o mantener sus contratos de publicidad “solo es para que la gente sepa que estos medios recurren a la denostación lo que es peligroso para las mujeres en tiempos políticos”.
Consideró que el medio de comunicación debe tomar acciones contra la persona que incurrió en ese tipo de agresiones porque afecta la reputación como medio informativo.
La gente sabe que un medio de comunicación es violentador de las mujeres como ocurrió con el caso de la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso quien puede recurrir a otras vías para que haya otro tipo de sanción aparte de la inscripción en el registro nacional y Estatal de Personas sancionadas, señaló.
Insistió que esta sanción impuesta no le impide a un medio de comunicación continuar con sus contratos de publicidad porque no son trabajadores de gobierno sino empresas que se contratan para un fin y no son sujetos de la aplicación de la ley 3 de 3. (Noticaribe)
