Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.– Pese a recorrer la Península de Yucatán, el Tren Maya opera con escasa o nula demanda de pasajeros en comunidades indígenas, donde lejos de traer beneficios, ha generado militarización, despojo, aumento de la delincuencia y turistificación forzada, denunciaron defensoras y defensores del territorio durante un foro realizado en el Cephcis de la UNAM.
Durante una mesa panel organizada por organizaciones civiles y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, activistas de Campeche y Quintana Roo coincidieron en que el megaproyecto representa una amenaza directa a los pueblos originarios, al imponer un modelo de desarrollo ajeno a sus necesidades y formas de vida.
Ángel Sulub, integrante del Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibal’on, señaló que, en Felipe Carrillo Puerto, su comunidad, el proyecto ha traído consigo un proceso de descomposición social: “Ha incrementado la violencia, el narcotráfico y nos ha empujado hacia el mismo modelo de precariedad que viven zonas como Cancún o Playa del Carmen”, advirtió.
El activista recalcó que el tren no es un medio de transporte útil para la comunidad: “Recorre la zona sin pasajeros, porque a la gente no le sirve. Prefieren usar otros transportes más accesibles para ir a trabajar”, aseguró. Añadió que el proyecto no es inclusivo ni considera la movilidad de los pueblos originarios: “Es una obra racista y de despojo”.
Por su parte, Sara López, representante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), denunció que la construcción del tren trajo consigo desplazamientos forzados, amenazas legales y fragmentación social en diversas comunidades de Campeche. En Escárcega y Candelaria, por ejemplo, niñas, niños y personas mayores deben cruzar por debajo del tren para llegar a sus escuelas o centros de salud.
“El ferrocarril pasa en medio de la comunidad. No hay pasos peatonales seguros y eso pone en riesgo la vida de la gente”, sostuvo. Añadió que la frecuencia de paso del tren es mínima –una o dos veces por semana– y sin pasaje, lo cual confirma, según dijo, que “no es un proyecto pensado para el pueblo”.
Ambos activistas coincidieron en que uno de los impactos más alarmantes es la creciente militarización. En Calakmul, indicó López, se ha incrementado la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, al grado de que ahora es con ellos con quienes se tiene que “dialogar”.
“Viven armados, imponen miedo. Ya no se puede hablar con las autoridades civiles, sino con los militares. Y junto con eso han aumentado los asesinatos, secuestros y desapariciones”, denunció.
A esto se suma la escasez de agua en zonas como Calakmul, donde la instalación de infraestructura militar ha priorizado el abastecimiento a cuarteles, mientras la población local apenas tiene acceso al líquido.
“No tenemos agua, pero tenemos tren”, ironizó López. “Eso no es justicia social”.
Finalmente, ambos denunciaron que como defensores del territorio han sido criminalizados, perseguidos y denunciados por el propio Gobierno federal, lo que pone en riesgo su integridad y su labor. (Noticaribe)
