Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— El encarecimiento acelerado de las rentas en Mérida ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una de las principales barreras que enfrentan las juventudes para acceder a una vivienda digna, en una ciudad donde los precios ya no guardan relación con los ingresos reales de la mayoría de la población.
Ante este escenario, la diputada ciudadana Larissa Acosta Escalante presentó una propuesta legislativa para regular los aumentos en el costo de la renta en Yucatán y proteger el derecho a la vivienda, particularmente de las juventudes que buscan independizarse o construir un proyecto de vida propio.
“Hablar de renta no es solo hablar de contratos o cláusulas, es hablar de dignidad humana”, sostuvo la legisladora. Tener un techo no es un lujo, sino la condición mínima para ejercer todos los demás derechos. Sin vivienda no hay estabilidad educativa, laboral ni bienestar emocional”, añadió.
Acosta Escalante señaló que el crecimiento urbano, el auge turístico y la percepción de seguridad que caracterizan a Yucatán han venido acompañados de un aumento desproporcionado en los precios de renta, que no se corresponden con la realidad salarial local. Actualmente, explicó, muchas personas destinan entre el 30 y el 50 por ciento de sus ingresos mensuales únicamente al pago de vivienda.
Rentar, un lujo cada vez más inaccesible
Hace apenas unos años, alquilar una vivienda en el Centro Histórico de Mérida podía costar entre 5 mil y 8 mil pesos mensuales. Hoy, los precios oscilan entre los 20 y 25 mil pesos, impulsados por el auge turístico, la remodelación de zonas céntricas y la expansión de plataformas de renta de corta estancia como Airbnb.
Para acceder a una vivienda, las personas inquilinas deben cubrir una serie de requisitos que elevan de forma drástica el costo inicial. Así lo explicó Claudia Pérez Aguilar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI):
“Aquí tienes que tener aval o, si no, pagar un doble depósito. Además, se estila hacer un convenio en notaría, y ese convenio lo paga el inquilino”.
En términos prácticos, ingresar a una vivienda con renta de 20 o 25 mil pesos puede implicar un desembolso superior a los 75 mil pesos, al sumar depósitos, renta adelantada, convenio notariado y gastos de mudanza. “Imagínate dar dos meses de depósito porque no conoces a nadie aquí con propiedad en Yucatán. Se vuelve casi imposible”, reconoció.
El problema, añadió, no es solo el precio, sino la desproporción: “No es proporcional lo que piden en una renta con los sueldos que se otorgan aquí”.
De acuerdo con cifras oficiales, los salarios promedio en la entidad rondan los 7 mil pesos mensuales. Esto significa que una familia tendría que destinar más del doble de su ingreso total para cubrir una renta de 15 o 20 mil pesos.
Juventudes, las más golpeadas
La crisis impacta con mayor fuerza a las juventudes, quienes al intentar salir de casa se enfrentan a rentas elevadas, espacios cada vez más pequeños o ubicados en zonas periféricas, además de incrementos anuales que, aunque en los contratos se plantean entre el 6 y el 9 por ciento, en la práctica alcanzan aumentos de hasta el 20 o 25 por ciento.
Estas condiciones obligan a muchas personas jóvenes a elegir entre pagar más de lo que pueden, compartir vivienda de manera forzada o abandonar la ciudad.
En respuesta, la iniciativa de renta justa propone que los incrementos anuales no superen la inflación y se ajusten al Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el objetivo de equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios, sin afectar el beneficio legítimo de quienes ofrecen una propiedad en renta.
Además, plantea la creación de una Ventanilla de Defensa del Arrendatario, un mecanismo gratuito para recibir quejas, conciliar conflictos, imponer sanciones y ordenar devoluciones inmediatas frente a abusos como cobros excesivos de depósitos o requisitos desproporcionados.
Gentrificación y turistificación
El fenómeno no ocurre en el vacío. La remodelación del Centro Histórico, con proyectos como el Corredor Turístico y Gastronómico de la calle 47, ha acelerado la plusvalía y la llegada de negocios orientados al turismo.
Al respecto, Eduardo Monsreal Toraya, director del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, advirtió que el proceso de gentrificación ya estaba en marcha incluso antes de estos proyectos y podría intensificarse.
“El aumento de la plusvalía es inevitable y, junto con la turistificación, va a generar incrementos en precios de alimentos, bebidas y servicios”, señaló. También alertó sobre el riesgo de desplazamiento en colonias habitacionales cercanas al centro, como Chuminópolis o Lourdes Industrial, donde propietarios podrían vender, subir rentas o adaptar viviendas para renta turística.
Especialistas coinciden en que el mercado inmobiliario eventualmente tendrá que ajustarse, pero el problema de fondo persiste: la falta de vivienda accesible y bien conectada. “De nada sirve construir desarrollos lejanos sin conectividad”, apuntó Pérez Aguilar.
Monsreal Toraya consideró urgente que autoridades estatales y municipales mantengan un monitoreo constante del impacto inmobiliario para evitar que los precios se disparen aún más.
Mérida se promociona como una ciudad “barata y segura” para invertir. Sin embargo, para quienes la habitan desde siempre, rentar se ha convertido en un viacrucis de trámites, requisitos y precios impagables.
Lo que antes era un derecho básico, un techo digno y accesible, hoy se perfila como un privilegio. Y si el rumbo no cambia, la ciudad corre el riesgo de expulsar a quienes le dan vida: juventudes, trabajadores, estudiantes, familias y personas jubiladas que ya no pueden costear vivir en el lugar que llaman hogar. (Noticaribe)
