Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.– A pesar de los esfuerzos institucionales y las campañas de concientización, la violencia contra las mujeres en Yucatán continúa siendo una grave problemática. De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en promedio, cada seis horas una mujer yucateca recurre al número de emergencias 911 para denunciar agresiones que incluyen desde abuso sexual y acoso hasta violaciones en sus propios hogares.
El reporte más alarmante es que el hogar, lejos de ser un espacio seguro, se ha convertido en el principal escenario de violencia. Tan solo entre enero y febrero de 2025, se registraron 406 llamadas por violencia de pareja y otras 405 por violencia familiar, lo que equivale a un reporte cada 3.5 horas relacionado con agresiones dentro del entorno doméstico. Esta situación evidencia la urgencia de reforzar las redes de atención, prevención y protección para las mujeres en riesgo.
Organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han señalado que estas cifras probablemente reflejan solo una parte del problema, ya que muchas mujeres no denuncian por miedo, dependencia económica o falta de confianza en las autoridades. En ese sentido, el 911 se ha convertido en uno de los pocos canales inmediatos para pedir ayuda, pero se requieren protocolos más eficaces para atender estas llamadas y garantizar seguimiento.
A nivel federal y estatal, instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ipiemh) y los refugios especializados continúan brindando acompañamiento legal, psicológico y social. Sin embargo, la creciente demanda de servicios evidencia que las políticas públicas aún deben fortalecerse, sobre todo en el ámbito preventivo y en la intervención temprana en casos de violencia.
La persistencia de estos datos confirma que la violencia de género no solo es una cuestión de seguridad, sino también de justicia social. Diversos colectivos y activistas han insistido en la necesidad de un enfoque transversal que incluya educación con perspectiva de género, atención comunitaria, justicia efectiva y garantías para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia en todos los espacios. (Noticaribe)
